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Pronunciamiento sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario decretado por el Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, horas después de la multitudinaria marcha en defensa del presupuesto para la educación pública del miércoles 2 de octubre.
El Presidente Javier Milei vetó hoy la Ley Nº 27.757. Este veto representa un golpe al sistema universitario y marca una política de crueldad que, con la excusa poco creíble de priorizar la estabilidad fiscal, avasalla el bienestar social y el desarrollo educativo del país.
Estamos convencidos de que el rol de las universidades públicas es fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa. Las universidades nacionales son una de las pocas herramientas que permiten la movilidad social ascendente en Argentina. Reducir su financiamiento equivale a limitar el acceso a la educación de calidad para miles de estudiantes de clases medias y trabajadores. ¿Cómo puede hablarse de crecimiento y futuro si se niega uno de los principales motores de cambio social?
El gobierno justifica el veto alegando que el proyecto afectaría la estabilidad fiscal. Sin embargo, esta medida condena a las universidades a operar con presupuestos insuficientes, lo que, en última instancia, también repercutirá en el desarrollo económico, cultural, científico y tecnológico de la Nación. ¿Acaso no es invertir en educación la única forma de asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo? Los países más desarrollados lo son, precisamente, porque son los que más invierten en educación e investigación científica.
Con el veto, el gobierno niega una recomposición salarial justa para quienes trabajamos día a día en la formación de las nuevas generaciones de este país. Este personal ha soportado condiciones de trabajo cada vez más precarias, en un contexto de inflación galopante, perdiendo un 50% de su capacidad salarial. El veto refuerza la idea de que la educación y sus trabajadores son la variable de ajuste.
Detrás de la decisión del Poder Ejecutivo se ocultan intereses que pretenden debilitar la educación pública en favor de opciones privadas. Al limitar el financiamiento estatal, se abre la puerta a la mercantilización de la educación, restringiendo el acceso a quienes puedan pagar por ella, en detrimento de una universidad pública inclusiva y plural. La fuga de investigadores y docentes de las universidades y del sistema científico ha comenzado hace ya meses. Pero lo que veremos es que también muchos jóvenes fugarán del sistema de inclusión social y quedarán atrapados en sus posibilidades de crecimiento futuro.
El financiamiento universitario como una decisión política, no técnica. Argumentar que no hay recursos suficientes es una falacia. El veto es una decisión profundamente política que muestra una clara preferencia por el ajuste fiscal sobre los derechos de la ciudadanía. La pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Una que priorice el capital o una que invierta en su gente?
Hacemos un llamado a los Diputados de la Nación a realizar una insistencia en defensa de la Ley promulgada con dos tercios de ambas Cámaras y les pedimos que no traicionen a la ciudadanía que el día de ayer se manifestó en paz, sin discursos de odio, a lo largo y ancho de la Argentina, junto a estudiantes, docentes y nodocentes. No se trata solo de una ley presupuestaria, sino de una lucha por la defensa de la educación pública y del derecho de las futuras generaciones a un país más justo y equitativo.
Carlos Gazzera es Licenciado en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la misma casa de altos estudios. Director General del Grupo Editorial Eduvim. Docente e Investigador de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y de la UNC.
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