La economía no es el fin, la batalla es cultural

A casi tres meses del inicio de su mandato, Javier Milei ya pulverizó los salarios de la clase trabajadora, avanza en el desguace del Estado y eligió a sus enemigos: artistas, comunicadores y la educación.

A caballo del DNU, pendiente de revisión en el Congreso de la Nación, y de la fallida Ley Ómnibus que el Gobierno aún no da por perdida, Javier Milei encabeza un ataque a derechos y consensos alcanzados por nuestra sociedad en los últimos cuarenta años. 

El cierre del Inadi, Télam, la quita del FONID, los agravios twitteros a artistas, son apenas la punta del iceberg de una avanzada antidemocrática a través de una serie de artículos presentes en el DNU y en el proyecto de Ley Ómnibus que impactan directamente sobre los trabajadores de la cultura y la comunicación, los Institutos, las políticas públicas, las organizaciones sindicales y de derechos autorales, los medios públicos y, como consecuencia, sobre el conjunto de la sociedad.

Buena parte de la discusión que propone La Libertad Avanza gira en torno a algunos lugares comunes que resulta imprescindible desarticular si de verdad queremos tener un debate serio sobre el estado de la cultura y la comunicación en nuestro país. 

Podrían sintetizarse en cuatro argumentos combinados: 
1) Que en los institutos de cultura hay control ideológico sobre lo que se produce y que por lo mismo hay falta de transparencia en la asignación (discrecional) de recursos;
2) Que los recursos asignados no llegan a sus destinatarios y se pierden en una maraña burocrática elefantiásica e ineficiente;
3) Que en un país con los niveles de pobreza que tiene la Argentina es un despropósito destinar recursos a la cultura (“no hay plata”, reza el mantra);
4) Que es necesario centralizar los recursos para garantizar “libertad, transparencia, eficiencia y progreso”, según lo expresado por el secretario de cultura, Leandro Cifelli, en la defensa del proyecto en comisiones.

Estos argumentos son falsos.

Basta con auditar el trabajo y resultados de institutos como INAMU (Música), INCAA (Cine), INT (Teatro), CONABIP (Bibliotecas Populares) o el Fondo Nacional de las Artes, para entender que de fondo el Gobierno Nacional busca instaurar el fin de la autonomía de las instituciones culturales públicas, el fin de la autarquía financiera, el fin de la representatividad federal en cada uno de los organismos y el fin de la prioridad a las producciones nacionales por sobre las extranjeras. 

Estas cuatro condiciones, combinadas, resultan una grave amenaza para la cultura nacional.

El debate es político, colectivo y en la calle
El conjunto de modificaciones propuestas por el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus se plantea modificar de raíz la estructura de apoyo y fortalecimiento de la actividad artística, cultural y de comunicación en nuestro país.

No es casual, mucho menos ingenua, la decisión de señalar como enemigo a este segmento, conscientes de que en la cultura hay un potencial y una vocación de expresión, una capacidad de articulación y llegada a toda la sociedad. 

Pretenden que avanzando sobre los derechos económicos del sector (el medio) podrán debilitar y restringir la capacidad de acción del arte, matar de inanición nuestra cultura y privarnos de la posibilidad de una comunicación democrática (el fin).

Es cierto, es preciso realizar una profunda revisión de las bases que sustentan el desarrollo de la cultura y la comunicación en el territorio argentino. Las transformaciones tecnológicas que han modificado las formas tradicionales nos empujar a un debate colectivo, necesario para una actualización integral de todas las normas y programas de fomento, incentivo, promoción y desarrollo de la cultura y la comunicación. Tenemos que llegar a los consensos necesarios que garanticen la producción, el trabajo digno, la pluralidad y el federalismo en cualquier punto del territorio nacional argentino.

Es indispensable la evaluación y delimitación de las problemáticas de las políticas públicas del sector que supimos tener. Las mismas han sido herramientas virtuosas en otros contextos y en una realidad regional, nacional y global muy distinta a la que hoy nos interpela. Las políticas públicas en la cultura y la comunicación son estratégicas y deben apuntalar la inclusión social, la movilidad ascendente de nuestro pueblo, como un motor del desarrollo económico y social, generadora de empleo en el fortalecimiento de la democracia. 

Para todo ello, es necesario un conocimiento exhaustivo y riguroso sobre las acciones en todo el territorio federal, evaluando antecedentes, resultados y problemáticas directas e indirectas de cada política pública aplicada. Tenemos que ser capaces de gestar propuestas para una nueva etapa de desarrollo, para el derecho humano a la comunicación y la diversidad cultural de argentina. 

La batalla que tenemos por delante es colectiva. Debemos generar espacios creativos de resistencia y avance, desde la calle, organizando y movilizando a los sectores afectados y al conjunto de la sociedad. Solo así haremos crecer el músculo que nos dé la fuerza para vencer en los estrados judiciales y desde las bancas del Congreso.

El dramaturgo argentino Pompeyo Audivert dijo por estos días: “El individualismo que propone la derecha como naturaleza humana es totalmente antinatural y antihumano. Lo humano es la tribu, el colectivo, el conectar todo con todo, eso genera riqueza, lo creativo es lo colectivo”. 

La defensa y consolidación de una cultura verdaderamente federal, el reclamo por una comunicación profundamente democrática, exigen debate y acción colectiva. Es ahora, la realidad está tocando la puerta de todo el pueblo argentino.