Reforma jubilatoria ¿Es el recorte la única opción? | EDUVIM

Reforma jubilatoria ¿Es el recorte la única opción?

Reforma jubilatoria ¿Es el recorte la única opción?

Sol Minoldo(*), doctora en Ciencias Sociales, e investigadora del Conicet, escribe para Página 12 su punto de vista sobre los cambios que quiere aplicar el Gobierno nacional.

Reflexionar sobre la reforma previsional exige analizar si hay un problema de sostenibilidad en el sistema y, en ese caso, si el recorte es la única opción.

¿Una fórmula menos vulnerable a la inflación? El Gobierno sostiene que la nueva fórmula protege las jubilaciones frente a la inflación. Sin embargo, tal cosa habría podido lograrse sin cambiar la ley vigente, añadiendo una cláusula de garantía para que el aumento por movilidad no pudiera nunca ser inferior al nivel inflacionario. A fin de cuentas, la nueva fórmula propuesta no resuelve el riesgo de que las prestaciones pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, mientras reduce el potencial impulso hacia arriba que pueden recibir frente al eventual crecimiento del valor real de los salarios. Porque ocurre que la movilidad no es sinónimo de actualización por inflación, sino que también supone que las jubilaciones acompañen el crecimiento general cuando crece el bienestar material del país.

¿Cada tres meses mejor que cada seis? También afirma el oficialismo que los aumentos cada tres meses beneficiarán a los jubilados, puesto que la inflación se acumula demasiado de manera semestral. Y es verdad que la periodicidad trimestral podría haber beneficiado a los jubilados. Sin embargo, el proyecto prevé aplicar la nueva fórmula sustituyendo el próximo ajuste semestral de la vieja ley por uno trimestral de la nueva. Así, desde el punto de partida, despoja a los jubilados de tres meses de movilidad. La misma fórmula y la misma periodicidad trimestral tendrían consecuencias muy distintas si comenzaran a aplicarse en junio, sin omitir la actualización semestral de marzo.

¿Al fin la garantía del 82% móvil? El proyecto garantiza el 82% del salario mínimo vital y móvil a las prestaciones mínimas (de quienes se jubilaron con al menos 30 años de aportes) . Pero la jubilación mínima está hoy a sólo 0,2% de representar ese 82%, y casi con certeza el próximo aumento semestral con la ley vigente garantizaría más del 82%.
Además, el salario mínimo, a diferencia de las remuneraciones medias registradas por RIPTE, se establece por normativa del Ejecutivo, de modo que la “garantía” es vulnerable a la evolución que disponga para el salario mínimo el propio Gobierno.

El verdadero trasfondo

Siendo que el proyecto comienza hablando de sostenibilidad y de ahorro, y que el Gobierno calcula miles de millones menos de gasto con su aplicación, resulta poco sostenible que el eje sea “proteger” los ingresos de los jubilados. La cuestión a discutir es, en realidad, la respuesta a la pregunta que subyace ante todo: ¿Qué es lo que “se puede” pagar? La importancia de cómo abordar esta pregunta no sólo es clave con relación a la reforma que se discutirá mañana, porque tal vez esta constituya apenas un pequeño paso en la dirección de una reforma estructural de mayor alcance, en 2019.

Si el problema fuera que el sistema no resulta sostenible, y si frente a eso la única opción fuese ajustar, las próximas medidas podrían proponer cambios más dramáticos, como subir la edad jubilatoria o incluso reintroducir la delegación de parte de la seguridad social a la gestión privada.

¿Los recursos no alcanzan? Los informes oficiales que señalan que el sistema tiene “déficit” y no es sostenible computan como financiamiento “genuino” aquel exclusivamente constituido por aportes y contribuciones. Sin embargo, no existe ley ‘natural’ o universal alguna que establezca que, por fuerza, la proporción de riqueza que una población elige autodestinarse para la etapa de la vejez deba ajustarse a un porcentaje fijo de los salarios en blanco. De hecho, hace décadas que la Anses ha ido incorporando otros recursos, como asignaciones específicas de diferentes impuestos y la tan peleada cuota de 15% de coparticipación, que el Gobierno anunció que repondría con recursos del tesoro nacional a medida que se restituya su parte a las provincias (como dispuso la Corte Suprema). Definir ese financiamiento como “no genuino” es, en realidad, una opción estrictamente política.

Al analizar las cuentas de la Anses teniendo en cuenta los ingresos que constituyen su financiamiento total, se desdibuja el supuesto déficit previsional, debilitando de raíz cualquier diagnóstico que señale los gastos jubilatorios como responsables de un déficit fiscal que no se localiza en los balances de la Anses.

De este modo, pierde fuerza, a su vez, el argumento de que deba ser, forzosamente, el bolsillo de los jubilados el que contribuya a sanear el déficit fiscal global.

¿El sistema no es sostenible? Cabe preguntarse en qué medida se está avanzando en decisiones políticas que pueden hacer que “el problema de financiamiento de las jubilaciones” se convierta en una profecía autocumplida. Resulta un contrasentido reducir las cotizaciones de los empleadores (como prevé la reforma tributaria) en un contexto en el que se alega que el sistema carece de recursos contributivos suficientes. Si tales recortes se realizan porque se considera que las cotizaciones previsionales obstaculizan la contratación en el mercado de trabajo, las alternativas no se limitan a recortar los gastos previsionales: incluyen la posibilidad de profundizar el financiamiento no contributivo del sistema. Todo lo contrario de lo que propone la reforma tributaria cuando dispone despojar a la Anses del 20% de Ganancias que le corresponde desde hace años.

¿Existen alternativas? El recorte a los jubilados no puede considerarse “inevitable” desde fundamentos técnicos. Cada impuesto que se recorta o se elimina, cada impuesto que se crea, y cada redistribución de recursos al interior del Estado constituye una elección política para lidiar con el déficit fiscal y la finitud de la riqueza. Por ello, el debate de fondo es distributivo, y el análisis de la reforma previsional es inescindible del de la reforma tributaria.

* Doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet. Autora del material "Envejecer protegidos", de próxima aparición en nuestro sello.