“No más venganza” o los sentidos del terrorismo

“No más venganza” o los sentidos del terrorismo

Daniela Spósito, autora de "Prensa gráfica oligopólica, (in)seguridad y Estado", título de próxima aparición en nuestro sello, opina sobre el controversial editorial del diario La Nación luego de la elección de Mauricio Macri como presidente.


 

“No más venganza”, el editorial publicado en La Nación el día después de las últimas elecciones presidenciales en la Argentina, reactualiza la teoría de los dos demonios. El terror insiste a lo largo de la pieza discursiva publicada en el contexto de asunción de un nuevo gobierno que se define por su propuesta neoliberal y su voluntad de asociarse y endeudarse con organismos financieros trasnacionales. La institución mediática –miembro de un conglomerado corporativo– hace referencia explícita a los “grupos terroristas que asesinaron (…), que sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes”  en los setenta, quienes “no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico”. Los analoga en una misma línea de sentido a los terroristas que asesinaron personas en Paris este año y a la izquierda kirchnerista. La nueva coalición triunfante arribó al poder con apoyo del oligopolio mediático del cual La Nación forma parte, con un andamiaje discursivo anclado en la lógica del marketing y la autoayuda y en el que insisten valores morales como la paz y la unión entre todos los argentinos. La apelación a “la revolución de la alegría” de “Cambiemos” (una conjunción de ideas de Durán Barba y waltdinescas) se opone sin decirlo a los sentidos de la revolución de los setenta que propiciaban un cambio en los modos de distribución de la riqueza, al tiempo que elude la plataforma macrista, sostenida en un retorno al conservadurismo, y a las políticas neoliberales de la última dictadura.  Con un gabinete dominado por CEOs de corporaciones financieras trasnacionales que proponen una vuelta siniestra al sistema de endeudamiento público, el triunfo de “Cambiemos” puede leerse como un retorno trágico al neoliberalismo económico habilitado por la última dictadura y continuado por el menemato. La campaña, vacía de argumentos y plena de referencias a la reconciliación, se inscribe en el mismo campo de sentidos que administra, gestiona y reactualiza La Nación en el editorial que desplaza la discusión acerca de las políticas del gobierno que se inicia.

Los medios constituyen un brazo fundamental en el proceso de reorientación instrumental que atraviesa la escena contemporánea, definida por una nueva gestión que propone achicar el gasto público en aras de una gestión técnico–gerencial de la política devenida empresa, y de la reconversión de un Estado que ha incrementado su presupuesto en políticas sociales en un Estado que subsuma la política en una ecuación costo-beneficio. Se trata de un trastocamiento en la lógica del campo empresarial, en el que el Estado social debe ceder autonomía bajo la lógica del capital concentrado y del mercado, cooptado por intereses corporativos que rigen al nuevo Estado técnico–administrativo, preocupado por una gestión eficiente para la cual los derechos constituyen un gasto.

La opinión del diario portavoz de los sectores en los que se concentra el capital financiero y jurídico, elude las condiciones histórico–políticas que condujeron a los sucesos de los setenta, cuanto las razones que impiden la unión que se invoca. Tanto en el discurso de “Cambiemos” como en el del diario, toda posibilidad de debate acerca de la desigualdad social queda obturada. El desacuerdo, el conflicto, el antagonismo constitutivo de toda sociedad democrática en la que persiste la injusticia social se anulan en una voz monológica y autoritaria que impone como legítimo un sentido restringido de la justicia que vulnera los derechos humanos y deshistoriza y despolitiza la relación entre violencia y pobreza. Discurso único que invoca la unión nacional, a la vez que habilita políticas de explotación y acumulación del capital en pocas manos en el nombre de la paz y del orden.

“No más venganza” produce imaginarios del terror que legitiman una violación a lo instituido por el poder judicial al afirmar que lo investigado y dictaminado por la Justicia es una “violación a los derechos humanos”. Se trata de una operación de trastocamiento significante en el que se pervierte el sentido democrático de la Justicia. Al prescribir desde el tribunal mediático la destitución de la legalidad vigente, se instaura la violencia jurídica como tolerable.

Con una fuerte interpelación prescriptiva, La Nación indica al gobierno entrante y al Poder Judicial la necesidad deontológica de seguir una serie de obligaciones “indispensables”: que los represores y genocidas juzgados por crímenes de lesa humanidad que estén en edad avanzada cumplan su condena de forma domiciliaria y que no se avance en las investigaciones y el juzgamiento de civiles, sobre todo si se trata de magistrados o ex magistrados.

Esta demanda de un estado de excepción como paradigma de técnica de gobierno en tiempos de democracia (Agamben), en el cual se anule el sentido de la justicia que han impulsado los juicios contra los represores, genocidas y los cómplices civiles de la dictadura del 76, es un ataque de violencia simbólica por parte de la institución mediática. El editorial amenaza el límite de lo que los juicios a los militares y civiles cómplices de la última dictadura han sellado como lo indecible hasta el momento: la posibilidad de una vuelta atrás en lo juzgado o en lo que se ha decidido juzgar desde la legalidad establecida.     

Así, se anticipa a las políticas de derechos humanos que pueda continuar el nuevo gobierno (comienza citando a quien se rumorea podría ser la futura Secretaria de Derechos Humanos del macrismo) y, a la vez y sobre todo, construye una amenaza latente hacia aquellos sectores de la sociedad civil que en la última década han consolidado sus vínculos y han participado activamente del proceso de enjuiciamiento a los genocidas.

El artículo se enmarca en el proceso de reconfiguración de espacios normativos supranacionales que facilitan la circulación del capital internacional, el cual necesita de reordenamientos jurídicos que modifiquen o anulen decisiones tomadas por el Poder Judicial en la forma de leyes que tengan “inmunidad” (da Souza Santos) para no respetar el Derecho establecido (los juzgamientos de delitos de lesa humanidad). Proceso para el cual es clave el aparato de fijación de sentidos propiciado por el medio que coadyuva a la constitución de consensos legitimantes de las decisiones políticas tomadas por corporaciones supranacionales que influyen sobre el futuro gobierno local.

Esta nota, que refleja la opinión del diario de los Mitre–Saguier[i] y los intereses a los que el grupo responde, constituye una pieza de terrorismo mediático en la que se pervierte el sentido democrático de la justicia mediante un procedimiento discursivo en el cual se la analoga a la venganza, el terrorismo y el fascismo. Esta operación asociativa presenta como equivalentes términos con sentidos opuestos –democráticos y antidemocráticos– y conduce a la conclusión falaz de que la justicia (la democrática) deberá “quedar sepultada para siempre”. Esa cadena de significantes asociados al pánico moral (Hall) construye como principal adversario al gobierno kirchnerista, a sus militantes defensores de los derechos humanos y a los sectores de la Justicia que han juzgado y procesado a militares y civiles cómplices de la última dictadura.

Con tono pedagógico, el editorial se autoerige como fuente única de inteligibilidad universal. Desde esa posición ubicada en el plano intemporal de la verdad, ofrece a las nuevas generaciones –opuestas en el discurso a la juventud que protagonizó la lucha armada en los setenta– su versión de la historia y de la justicia como único relato posible. La publicación aparece en un contexto en el que la escena pública alberga en el entramado de los numerosos e indeterminados rumores amplificados por el oligopolio mediático una posible resistencia armada de los jóvenes de La Cámpora ante el asalto neoliberal del nuevo gobierno. El relato de los años setenta se construye desde una retórica bélica según la cual hubo una “matanza indiscriminada” contra toda la sociedad protagonizada por aquellos a quienes el kirchnerismo, según el diario, califica como “juventud maravillosa”. El discurso apela a la pasión política del miedo para construir a los militantes k –punto fuerte de la oposición al macrismo– como amenaza: ellos son la juventud que podría, de manera análoga a lo sucedido en los setenta, protagonizar una matanza sobre todos nosotros. En tal sentido, representan aquello a lo que la sociedad debe temer a la vez que atacar para salvaguardar su supervivencia.

La eficacia pragmática de esta pieza publicada “en el momento propicio”, como lo asegura en su desarrollo, reside en la amenaza escatológica que auspicia. La provocación que ha instalado en el debate público opera como mecanismo de presión al nuevo gobierno pero también, y sobre todo, constituye una amenaza de muerte hacia todos los ciudadanos encarnada por aquellos sectores propuestos a resistir a los mandatos corporativos que el gobierno que se inicia tomará como propios. Con una cadena de términos ligados a la pasión política del miedo, se impone una agenda enfocada en la amenaza del retorno del terror de los años setenta, si es que la nueva administración no modifica los criterios de Justicia defendidos por la gestión saliente.

Este artículo se inscribe en un entramado jurídico polémico. Fue el kirchnerismo el gobierno que sancionó la Ley antiterrorista que hoy deja una puerta abierta al gobierno entrante para perseguir a aquellos que realicen acciones “terroristas” –término que remite a la denominación compartida por la última dictadura y por La Nación para designar a aquellos que atenten contra el orden establecido–, definidas estas por quien porte autoridad para emitir con legitimidad suficiente la palabra verdadera. Esta Ley, sancionada en el 2007 (y modificada en 2011) en el marco de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), promueve la prevención (concepto que habilita la discrecionalidad y la arbitrariedad, puesto que se previene respecto de lo que se sospecha en base a inferencias indiciales; se trata de algo que no ha sucedido ni se puede asegurar que sucederá), la investigación y sanción de actividades delictivas “con finalidad terrorista”. Además, eleva al doble la pena para los casos en que "alguno de los delitos previstos en el Código Penal hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".  

En su ambigüedad, puesto que los Jueces pueden interpretar de manera libre lo que consideren “acciones terroristas” o “actos extorsivos a las autoridades”, la norma promulgada por el kirchnerismo constituye una herramienta legal que habilita la posibilidad de que la protesta social contra el nuevo gobierno pueda ser calificada como acto terrorista. En el momento de su sanción, numerosas organizaciones de la sociedad civil elevaron su voz contra esta Ley, enmarcada en una serie de otras leyes antiterroristas sancionadas en la región con el impulso del GAFI. Sus argumentos esgrimen que se trata de medidas para poner bajo el control y la evaluación de los inversores “la administración del rango de países seguros para la inversión”. Pérez Esquivel opina que esta Ley “viola los derechos humanos”. Por su parte, Zaffaroni asegura que el GAFI “se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país”. El ex juez de la Corte Suprema señala que “el objetivo de esta Ley no es prevenir el terrorismo, sino controlar el movimiento financiero”.

Siguiendo esta última aseveración, se abre el interrogante acerca de si es posible encontrar alguna continuidad en las interpretaciones acerca del terrorismo en “No más venganza” publicado por La Nación tras el triunfo del macrismo, en la Ley antiterrorista sancionada por el kirchnerismo y en los usos del término propuestos por la última dictadura cívico-militar. 

Por Daniela Spósito – UNC / Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea – Doctora en Semiótica.


[i]  La Nación es el segundo diario del país después de Clarín, oligopolio con el que es socio en algunas empresas periodísticas. Fue fundado el 4 de enero de 1870 por Bartolomé Mitre. Hoy Matilde Noble Mitre de Saguier, tataranieta del fundador, tiene el 65,91% del diario junto a sus hijos Julio César y Fernando. El diario es dirigido por Bartolomé Mitre, séptimo director desde el general homónimo que lo fundó. José Claudio Escribano es el director periodístico. La Nación responde a los intereses de los sectores socioeconómicos altos, liberales y conservadores, en especial, los de la franja agro ganadera pero también, en las últimas décadas, al empresariado y al sector financiero. En sus páginas, asume la defensa del libre mercado. El lema del diario es, desde su fundación, "La Nación será tribuna de doctrina". Su objetivo, explicitado en su Manual de Estilo, consiste en difundir los principios de la “nacionalidad” y de las “garantías institucionales”. El mayor enriquecimiento del diario La Nación se registró durante la última dictadura, régimen que propició y bendijo desde sus páginas. La dictadura cedió a La Nación, Clarín y La Razón la empresa que entonces monopolizaba el papel: Papel Prensa, lo cual produjo un proceso de acumulación creciente inusitada de los haberes del diario.

Es importante destacar que, tras la publicación de “No más venganza”, todos los trabajadores de La Nación repudiaron el artículo en un comunicado conjunto, poniendo en juego su fuente de trabajo. Un gesto difícil de imaginar antes de las políticas en materia de Derechos Humanos impulsadas por el kirchnerismo.

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