«El verdugueo legalizado» por María Florencia Alcaraz

«El verdugueo legalizado» por María Florencia Alcaraz

Le pedimos a María Florencia Alcaraz, autora del libro Vidas en suspenso. Jóvenes y violencia institucional (de reciente aparición en nuestro sello) que opinara sobre la declaración de emergencia en seguridad nacional y la represión de Gendarmería a la murga y los niños que ensayaban en Bajo Flores. Su opinión, sin conceciones, dispara directo contra los que disparan, arrojando una extrema lucidez sobre un hecho irrefutable: la violencia del Estado sobre los sectores marginalizados.

Verduguear viene de verdugo. Es la palabra que encontraron los pibes de las clases populares para describir la violencia institucional cotidiana que viven en sus barrios: detenciones arbitrarias, pedido caprichoso de documentos, insultos y una presencia policial asfixiante. Prácticas que no se denuncian por miedo a represalias y que, en ese camino, se naturalizan. Verduguear, cada tanto se escucha en un juicio por torturas. Son los fiscales quienes tratan de explicar el concepto para determinar que se trata de un delito: menosprecio, humillación, amenazas, degradación de la dignidad, angustia moral.

Hoy el verdugueo está legalizado: la declaración de emergencia en seguridad por decreto, la autorización de la Justicia porteña para que los policías federales pidan documentos en las calles sin estar ellos debidamente identificados, operativos policiales desmedidos en protestas de trabajadores despedidos y un protocolo antipiquete que no prohíbe el uso de armas de fuego. Son políticas y decisiones judiciales que demuestran que la violencia institucional tiene las raíces y el espesor de una maleza. Que esa mala hierba reverdezca, en definitiva, es responsabilidad del propio Estado.

Los impactos de balas de goma en las espaldas de manifestantes, nenes de una murga en Bajo Flores heridos por el accionar de Gendarmería nacional, el desalojo violento de los puestos de la villa Rodrigo Bueno, un militante baleado durante un conflicto por un terreno en La Matanza y la excesiva presencia policial en las calles son brotes de esa maleza que no se pudo cortar de raíz porque aún forma parte de la genética misma de las estructuras de las fuerzas de seguridad. Las transformaciones para que eso suceda tienen que ser estructurales.

Sólo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano, desde 2003 hasta 2013, murieron 1.286 personas en hechos de violencia institucional. Un promedio de 128 muertes evitables por año. Los dedos que apretaron el gatillo fueron de integrantes de la Policía Federal, Bonaerense y Metropolitana. Entre 2013 y 2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos otras 18 en comisarías de la Policía provincial.

Lejos de ponerle contorno a la problemática de la violencia institucional, el gobierno del “cambio” optó por medidas brutales. Medidas que fortalecieron a los actores responsables -por acción u omisión- de este tipo de violaciones a los derechos humanos. Y que al mismo tiempo precarizaron aún más las corporalidades vulnerables. No son casuales las áreas del Estado que fueron desguazadas con el despido de sus trabajadores. Una gran parte de las más de 25.000 personas que quedaron en la calle trabajaban en áreas de derechos humanos, ahora desarmadas. Tal es el caso de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. Cuatro de las cinco personas del equipo de huellas que trabajó en la identificación del cuerpo de Luciano Arruga fueron echados.

En este contexto Eduvim publica “Vidas en suspenso. Jóvenes y violencia institucional”. El texto fue escrito en un momento histórico en el que el debate por una seguridad democrática se daba bajo el amparo de un nuevo paradigma sobre los derechos humanos que parecía no tener vuelta atrás.El libro, parte de la colección “Ideas argentinas”, intenta rescatar historias de jóvenes varones pobres cuyos cuerpos precarizados vivieron distintos tipos de violencias estatales. En el recorrido testimonial pone sobre la mesa, también, la potencialidad con que los familiares y amigos de las víctimas se transforman en actores políticos claves.

La premisa que guió su escritura es sencilla y aún vigente con el cambio de signo político: las violencias estatales trazan un límite para la plena inclusión social. En los últimos años, mientras el ejecutivo y el poder legislativo avanzaban con políticas públicas y leyes que ensanchaban los márgenes de la inclusión de pibes y pibas, muchos otros pibes y pibas eran aún maltratados, desaparecidos y asesinados.

Ahora, con el verdugueo legalizado y los efectivos policiales empoderados, el panorama se vuelve oscuro. Las tramas tejidas entre familiares, organismos de derechos humanos y colectivos de trabajos para que estos cuerpos no sean castigados, denunciar las violencias y que sean juzgadas deben ser el faro en estos próximos cuatro años para frenar esos brotes, para controlar la maleza.

Leé más de María Florencia Alcaraz adquiriendo su libro Vidas en suspenso. Jóvenes y violencia institucional en los mejores kioscos de diarios y revistas de CABA y Gran Buenos Aires.

Acerca de María Flroencia Alcaraz. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Matanza. Desde 2013 trabaja en Infojus Noticias, Agencia Nacional de Noticias Jurídicas. Escribe sobre violencia institucional, violencia de género y policiales desde una perspectiva de derechos humanos. Hace radio todos los dìas en Radio Nacional Rock abordando temáticas judiciales. Recibió el premio Lola Mora de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su labor en medios digitales.

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